Antes de ser ejecutado, Darwin Aragón alzó los brazos en un vano intento por defenderse del ‘tiro de gracia’. La bala, disparada casi a quemarropa, le atravesó el brazo izquierdo y se desvió hacia su torso, unos pocos centímetros por debajo de su corazón.

El joven de 27 años quedó tendido en el suelo y, con la vida escapándosele del cuerpo, se arrastró sobre la grama crecida de un monte perdido en el departamento del Cesar. Sus verdugos, ante el triste espectáculo de la agonía de un ser humano, alzaron las armas nuevamente y le dispararon tres veces más en la espalda antes de marcharse.

Darwin se desangró por 15 minutos hasta que le sobrevino la muerte. Su cuerpo no estaba solo. A unos cuantos metros yacía sin vida Víctor Mendoza, un adolescente de apenas 17 años, el primero en morir la tarde del 30 de abril de 2008, a causa de una sola bala, disparada a sus espaldas, que le atravesó el cráneo.

No fueron grupos subversivos ni bandas delincuenciales los que les dieron muerte, sino aquellos encargados de protegerles: soldados del Ejército de su país. Ese mismo día, ambos fueron presentados como guerrilleros muertos en combate por el batallón La Popa de Valledupar.

El hecho fue difundido prontamente por las Fuerzas Armadas y, al día siguiente, la noticia ya se había hecho eco en los titulares de los periódicos locales y en los noticieros de la televisión nacional como una más de las supuestas pequeñas victorias que día a día coronaba el Ejército a lo largo de todo el territorio colombiano en su lucha contra los grupos subversivos del país.

Lejos, en una casa del barrio Por Fin de Barranquilla -a más de 300 kilómetros del lugar en que los dos jóvenes habían sido fusilados- Clara Luz Mendoza veía en su trabajo las noticias del mediodía, preocupada porque su hermano de 17 años llevaba ya un día entero sin comunicarse con sus familiares.

“Recuerdo que vi en la televisión que habían matado a dos guerrilleros por allá en Valledupar y dije ‘ve, le están dando duro a la guerrilla’” cuenta Clara, casi ocho años después de aquel día. La barranquillera recuerda también la “sensación rara de angustia” que le sobrevino poco después mientras veía los videos en los que mostraban dos bolsas blancas con los cuerpos de los supuestos guerrilleros, entre los que aún no sabía que se encontraba su hermano.

Tenía ganas de gritar, pero no sabía por qué. Lo que sí sabía era que su hermano Víctor -que a duras penas conocía Barranquilla- se había ido a Valledupar con otro joven por una supuesta oferta de trabajo, sin avisarle a nadie, e intuía que “algo malo había pasado”.

A Clara la noticia sobre el viaje de su hermano se la dio Arelis Aragón, una mujer oriunda de Calamar (Bolívar) que nunca en su vida había visto y que, sin embargo, compartía en aquellos momentos las mismas preocupaciones, pues su hermano Darwin, de 27 años, tampoco se había comunicado con ella desde que partiera hacia Valledupar para trabajar en unas supuestas labores de albañilería.

“Yo lo dejé durmiendo en la casa y cuando llegué no lo encontré”, recuerda. A eso de las 6:00 p.m. la llamó la mujer con la que su hermano vivía en unión libre y le comentó que Darwin se había ido para Valledupar. “A mí se me hizo raro, porque mi hermano no conocía Valledupar. Yo me desesperé muchísimo y salí a llamarlo, pero el teléfono se me iba a buzón de mensajes”.

La noche del 30 de abril de 2008 Arelis apenas durmió y, al día siguiente, se fue a la casa donde vivía la compañera de su hermano para preguntarle qué había pasado. “Me fui de casa en casa, preguntando si no habían visto a mi hermano, les decía como era, les mostraba una foto de él”.

De su via crucis por las calles arenosas del barrio Me Quejo de Barranquilla, Arelis obtuvo una reconstrucción más o menos clara de los hechos hasta la partida de su hermano y un ominoso presagio. “Yo le pregunté a los ‘malandros’ del barrio por él, ninguno me decía nada, pero me acuerdo muy claro de uno que dijo ‘que lástima’".

Cuatro meses después, las intuiciones, la incertidumbre y la desesperación se convirtieron en ira e incredulidad cuando la Fiscalía puso punto final a la búsqueda de los dos jóvenes desaparecidos con una inesperada revelación: “A sus hermanos los mató el Ejército”.

Víctor Mendoza y Darwin Aragón cayeron víctimas de la práctica sistemática e intencional del Ejército de presentar a civiles como miembros de grupos guerrilleros abatidos en combate. Su caso es el mismo de otros 5.763 colombianos víctimas de ‘falsos positivos’ entre 2000 a 2010, según reporta la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU).

Entre estos casos se cuentan los 93 que conforman el movimiento con sede en el Atlántico: Asociación de Familiares Unidos por un Solo Dolor (Afusodo), liderado por Martha Díaz, una antioqueña que se vino a vivir a Barranquilla a los 12 años y que también sufrió en carne propia el flagelo de las ejecuciones extrajudiciales.

Para el Ejército, la vida del hijo de Martha no valía mucho más que unos cuantos días de descanso y algunas bonificaciones salariales, por esas recompensas lo engañaron para que se fuera a Valledupar.

Douglas Díaz se fue el 26 de septiembre a realizar un supuesto trabajo como recolector de algodón en la capital del Cesar. A diferencia de los casos de Arelis y Clara, Martha pudo hablar con su hijo antes de que lo ejecutaran, el 30 de septiembre. “Seis meses después me dijeron que estaba muerto, que lo habían matado”, dice conteniendo las lágrimas que aún guarda al recordar el hecho que ocurrió hace nueve años.

De los 5.763 casos de ‘falsos positivos’ que registró el país en la primera década del siglo XXI, 5.326 se dieron bajo el Gobierno del expresidente y actual senador de la República Álvaro Uribe Vélez. Esto significa que, durante aquel mandato, los militares mataban a dos colombianos ajenos al conflicto a diario.

Miembros de la Fuerza Pública mataron a civiles colombianos a lo largo de todo el territorio nacional. Según revelan las cifras de la CCEEU, entre 2000 a 2010 los 32 departamentos que integran Colombia reportaron al menos un caso de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, concentrándose la mayor parte en Antioquia, Meta, Caquetá, Norte de Santander y Tolima.

Sin importar el lugar, el modus operandi era casi siempre el mismo y fue documentado por la Fundación para la Educación y el Desarrollo (Fedes) en un informe sobre ‘falsos positivos’ e impunidad.

Reclutadores civiles, personas comunes y corrientes en apariencia, elegían a los futuros ‘subversivos’ entre la población de barrios marginales. “Era común a la totalidad de las víctimas que se tratara de personas desempleadas, de extracción humilde, fáciles de atraer bajo el señuelo de promesas laborales”.

Fue característico de los casos objeto de estudio que las víctimas informaran a sus familiares cercanos sobre la existencia de una oferta laboral, hecho que no es de extrañar en contextos de pobreza, y que por ello sus familiares no tuvieron sospecha alguna del ofrecimiento, al menos en principio.

Los reclutadores se encargaban del transporte de las víctimas hacia el lugar en el que serían fusilados. Allí, miembros de la Fuerza Pública  les despojaban de sus documentos y cualquier otra seña que pudiera servir para identificarlos, después los mataban, simulando combates en territorios apartados.

El abogado especialista en derechos humanos Arturo Mojica, quien trabajó durante 10 años para el Colectivo de Abogados José Alvear y, actualmente, es director de la Corporación Colectivo de Abogados Opción Jurídica, explica que existe un agravante en todos los crímenes cometidos por el Ejército, pues es quien ostenta el monopolio sobre el uso legítimo de la violencia y tiene el deber constitucional de proteger a los ciudadanos del país.

Las Fuerzas del Estado han incumplido este pacto de confianza con los ciudadanos desde mucho antes del comienzo del actual siglo. Las violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército se remontan a, por lo menos, 38 años atrás, en 1977.

“Barranquilla tiene el lamentable honor de ser la ciudad en la que se registró el primer caso documentado de desaparición forzada por parte de la Fuerza Pública”, recuerda Mojica. “Cuando miembros de la Inteligencia de la Policía del Atlántico, en operación conjunto con la II Brigada del Ejército, secuestraron a la bacterióloga Omaira Montoya junto a su novio en el aeropuerto Ernesto Cortissoz”. A día de hoy, Omaira continúa desaparecida.

Muchos otros casos de desapariciones forzadas fueron cometidos por el Ejército desde entonces,  los desaparecidos de la toma al Palacio de Justicia, de la que ya se conmemoran 30 años, es otro ejemplo claro de ello.

“Pareciera que en el Ejército existiera una política de negarlo todo antes que colaborar para descubrir la verdad”, afirma Mojica, quien recuerda que “cuando estas personas, víctimas de crímenes de Estado, acuden a la justicia lo que más quieren es saber qué fue lo que pasó con sus seres queridos”.

Cuando Clara Luz Mendoza y Arelis Aragón se enteraron de que sus hermanos habían sido asesinados emprendieron una larga lucha en busca de justicia que a día de hoy continúa, plagada de persecuciones y amenazas.

Hombres con máscaras, montados en moto, empezaron a pasar por las noches frente a la casa de Clara poco después de que comenzara a dar declaraciones, pese a todo, nunca pensó en mudarse. “Uno tiene que mostrarles valentía, que está dispuesto a seguir”, asegura con voz firme.

Capaz de encontrar humor en medio de una situación que quebraría a la mayoría de las personas, Clara recuerda cuando la llamaba ‘El Mago’, un hombre que nunca se identificó pero siempre manifestó sus intenciones. “Me decía: ‘deja de hablar si no quieres que te pase lo mismo que a tu hermano’. Yo le contestaba con groserías, lo insultaba, le decía que si era tan hombre por qué no daba nombre”, recuerda riendo. Nunca se dejó amedrentar, aunque a veces el miedo estuviera a punto de ganarle.

Las amenazas no siempre llegaron escondidas detrás de máscaras o nombres cobardes. Cuando a Arelis la citaron en el Batallón Paraíso de Barranquilla para entrevistarse con un coronel del Ejército, las persecuciones parecieron volverse mucho más tangibles.

Hoy recuerda aquel día con expresión tensa. Un cabo había ido a decirle que en el batallón querían hablar con ella y ella fue, acompañada por una amiga y por la escolta de policías que ya a esas alturas le habían asignado. “Se molestaron cuando me vieron llegar con la Policía, me dijeron que por qué los traía, yo les contesté que tenía amparo policivo y que si me pasaba algo y no les avisaba ellos no respondían”.

Allí la entrevistó un coronel acompañado de un teniente y un cabo del Ejército. Sentados tras una mesa, le preguntaron por su hermano y le insinuaron, una vez más, que era guerrillero.

“Les dije que ya me iba y un cabo me dijo que no, que él nos iba a llevar porque teníamos que ir a otro Comando”, las montaron en una camioneta, sin escolta y acompañadas de otros dos soldados. Cuando llegaron al otro recinto militar el cabo que las había llevado se bajó y volvió al poco tiempo con un soldado más.

“Mi compañera y yo nos pusimos muy nerviosas y ahí fue cuando ella me dijo que comenzara a llamar que ahí nos iban a hacer algo”, llamó a una amiga a la que le dijo en dónde y con quien estaba, mientras tanto la camioneta seguía andando. “Nos tuvieron dando como tres vueltas por el mismo sector, por la Vía 40, hasta que una fiscal con la que teníamos cita nos llamó”.

Al enterarse de lo que pasaba, la funcionaria les dijo que se bajaran de ahí “que las van a matar”.

Arelis les dijo a los soldados que tenían cita con la Fiscalía y que ya se tenían que ir, que la fiscal las acababa de llamar, solo en ese momento la camioneta dejó de dar vueltas en círculo y las llevaron hacia donde tenían que estar.

Para evitar situaciones como aquellas, Martha Díaz creó Afusodo. Desde que empezó el difícil proceso de luchar por las demás familias que habían pasado por la misma situación que ella, no son pocas las amenazas que ha recibido contra su vida, sin embargo, el apoyo que entre los miembros del grupo se han brindado le ha resultado “invaluable”.

Así como son muchas las penas, también son varios los triunfos que ha cosechado, pues es una de las pocas víctimas de ‘falsos positivos’ a las que el Ejército ha ofrecido disculpas públicamente.

Disculpas que, sin embargo, no ha aceptado. “Los militares que fueron a la Plaza de la Paz ni siquiera fueron los que participaron de la muerte de mi hijo, no fueron unas disculpas sinceras”, asegura. “Tener un desaparecido en la familia es como un cáncer, es algo que uno va a llevar encima hasta que uno se muera, hasta que ellos no digan la verdad de por qué hicieron lo que hicieron, hasta que nosotros no oigamos esas verdades no va a haber tranquilidad en nuestras mentes”.

Colombia sueña con la paz mientras Arelis y Clara mantienen sus propios sueños de justicia. Ocho años después de la muerte de sus hermanos, el Ejército mantiene la versión de que Víctor y Darwin eran guerrilleros de las FARC que combatían en Cesar, pese a todas las pruebas recopiladas por la Fiscalía en contra de esta versión y que varios militares pertenecientes al batallón La Popa de Valledupar ya han sido condenados por 'falsos positivos'.

“No se puede hablar de paz mientras no estén los tres actores (Guerrilla, Paramilitares y Ejército) sentados a la misma mesa”, sentencia Martha con la voz quebrada, un punto en el que coinciden Arelis y Clara. “Cuando esos tres actores se sienten, cuando en este país se sepa quiénes fueron todos los que derramaron sangre y por qué dejaron que eso pasara, solo entonces podremos, al fin, hablar de paz”.